Duro plan de ahorro del Gobierno Vasco motivado por el "Caso Rover".

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de mayo sobre el caso Rover, que obliga a devolver los 435 millones de euros había ingresado el Gobierno vasco, ha forzado al consejero de Economía, Carlos Aguirre, a activar un draconiano programa de ajuste del gasto en la Administración.
La previsible minoración de las ingresos fiscales por esa cuestión no solo afectará a los presupuestos, también el objetivo de déficit fijado para la CAV, que no puede superar el 1,3% del PIB, y Aguirre ha enviado a todos los departamentos y sociedades públicas una serie de órdenes de obligado cumplimiento para la contención de gastos. El férreo marcaje del PP al hilo de las recomendaciones de Bruselas en torno al techo de gasto de las comunidades ha abierto un nuevo frente entre populares y socialistas.
El Ejecutivo vasco, que recurrió el año pasado al endeudamiento con demasiada facilidad, según las críticas de la oposición, apuesta ahora por apretarse el cinturón. El programa, firmado y enviado por los cauces internos por Aguirre el pasado martes, apuesta por cuatro vías básicas de ahorro: la extrema vigilancia en el gasto ya comprometido para que sea destinado exclusivamente a su objetivo, evitar la anticipación de pagos e imputar a este ejercicio solo lo estrictamente necesario, reducir al máximo los gastos de funcionamiento e inversiones y controlar los gastos de viaje del Ejecutivo o la publicidad.
La filosofía general del programa de ajuste se resume en una de las instrucciones: no se ampliarán en ningún caso las subvenciones que contemplan la posibilidad de disponer de más recursos en el caso de que se produzcan excedentes en otras partidas presupuestarias. La situación es tan extrema que en principio no se esperan remanentes, pero si los hay se destinarán a tapar agujeros donde surjan y corregir los niveles de endeudamiento. Por ello, las entidades públicas deberán ingresar en la Tesorería General del País Vasco su excedentes presupuestarios.